la aplicación del principio de concurrencia en un proceso de contratación publica que implica

La aplicación del principio de concurrencia en un proceso de contratación pública implica garantizar la participación abierta, igualitaria y no discriminatoria de todos los posibles licitadores, promoviendo así la competencia y la selección de la oferta más ventajosa.

El principio de concurrencia en la contratación pública se fundamenta en la idea de que todos los posibles oferentes deben tener la misma oportunidad de competir por un contrato, sin que se establezcan barreras injustificadas que limiten la participación. Esto significa que los órganos de contratación deben dar un tratamiento igualitario y no discriminatorio a todos los licitadores y candidatos, ajustando su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. Este enfoque busca evitar cualquier forma de restricción artificial de la competencia, ya sea favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios.

Además, se prohíbe concebir la contratación con la intención de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda. Los órganos de contratación deben velar por la libre competencia durante todo el procedimiento de adjudicación, notificando a las autoridades competentes cualquier indicio que pueda constituir una infracción a la legislación de defensa de la competencia.

En el marco de los procedimientos de contratación, como el procedimiento restringido, cualquier empresa interesada puede presentar una solicitud de participación, pero solo aquellas seleccionadas por su solvencia podrán presentar proposiciones. Esto subraya la importancia de establecer criterios claros y justos que permitan una selección objetiva de los candidatos, sin negociaciones que puedan distorsionar la competencia.

Finalmente, el principio de concurrencia también se refleja en la necesidad de que las entidades del sector público determinen con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato, promoviendo la eficiencia y la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación, así como la participación de la pequeña y mediana empresa.