Plazos

En contratación pública, los plazos determinan el tiempo disponible para realizar una actuación: presentar una oferta, subsanar documentación, adjudicar, formalizar el contrato, recurrir o cumplir una prestación.

No son solo una cuestión de organización. Algunos plazos funcionan como verdaderas garantías del procedimiento: protegen la igualdad entre licitadores, permiten ejercer derechos y determinan cuándo puede avanzar la Administración. Su incumplimiento puede tener consecuencias importantes.

Por eso, para calcular correctamente un plazo no basta con contar días. Primero hay que saber qué actuación estamos realizando, qué norma la regula, cuándo empieza el cómputo y qué ocurre cuando vence.

¿Todos los plazos son iguales?

No. En una contratación podemos encontrar plazos establecidos directamente por la ley y otros que concreta la Administración en los pliegos.

Los plazos legales deben respetarse. Los pliegos pueden concretar determinados plazos cuando la normativa lo permite, pero no pueden reducir los mínimos legales ni dejar sin efecto las garantías establecidas por la LCSP.

Por ejemplo, el pliego puede establecer determinados hitos durante la ejecución, pero no puede reducir libremente un plazo mínimo de presentación de ofertas establecido por la ley.

¿Los días son hábiles o naturales?

Esta es una de las primeras cuestiones que hay que comprobar.

La disposición adicional 12.ª LCSP establece una regla específica: los plazos establecidos por días en la LCSP se entienden referidos a días naturales, salvo que la propia ley indique expresamente que se trata de días hábiles.

Además, si el último día del plazo es inhábil, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente.

Esto es especialmente importante porque la regla general de la legislación de procedimiento administrativo es diferente. Por tanto, no debe darse por supuesto que un plazo de contratación expresado en días es hábil: primero hay que comprobar qué establece la LCSP para ese supuesto.

La Guía de Gobierto sobre los plazos en la Ley de Contratos del Sector Público recopila los principales plazos y sus reglas de cómputo.

¿Cuándo empieza a contar un plazo?

Tan importante como saber cuánto dura un plazo es identificar desde qué momento empieza a contar.

El inicio puede depender, según el caso, de:

la publicación de un anuncio;
el envío o recepción de una notificación;
la finalización del plazo de presentación de ofertas;
la apertura de las proposiciones;
la formalización del contrato;
la recepción de la prestación;
o cualquier otro hecho que la norma señale expresamente.

En contratación electrónica existen además reglas específicas sobre las notificaciones. La disposición adicional 15.ª LCSP establece determinadas reglas para calcular los plazos cuando una actuación se notifica electrónicamente y se publica en el perfil de contratante.

Por eso, antes de contar un plazo hay que identificar con precisión qué hecho pone en marcha el cómputo.

Los plazos aparecen durante toda la contratación

La contratación pública está llena de plazos. Aparecen desde que se prepara el expediente hasta que termina la ejecución del contrato, y conviene comprobar siempre si se cuentan en días naturales o hábiles, porque la LCSP combina ambos según el trámite.

Algunos de los más habituales son:

Presentación de ofertas. Los mínimos legales dependen del procedimiento, el tipo de contrato y si está sujeto a regulación armonizada (SARA). En el procedimiento abierto (art. 156 LCSP), el mínimo general en contratos SARA es de 35 días naturales desde el envío del anuncio al DOUE (30 en concesiones), reducible a 15 días si hubo anuncio previo o urgencia, y en 5 días adicionales si se admite presentación electrónica; en contratos no SARA es de 15 días naturales (26 en obras y concesiones). En el abierto simplificado (art. 159 LCSP), el plazo mínimo es de 15 días naturales (20 en obras) y baja a 10 días hábiles en el simplificado abreviado (5 días hábiles en compras corrientes).
Solicitud y entrega de información adicional. Las empresas pueden pedir aclaraciones sobre los pliegos durante la licitación. El órgano de contratación debe responder a más tardar 6 días naturales antes de que cierre el plazo de ofertas (4 días en expedientes SARA urgentes), siempre que la consulta se haya formulado al menos 12 días naturales antes del cierre, salvo que el pliego fije otro plazo (art. 138.3 LCSP).
Subsanación y requerimientos. Si la declaración responsable (DEUC) o la documentación administrativa inicial tiene defectos subsanables, la mesa concede 3 días naturales para corregirlos (art. 141.2 LCSP). Después, el licitador propuesto como adjudicatario tiene 10 días hábiles (art. 150.2 LCSP) —o 7 días hábiles en el abierto simplificado (art. 159.4 LCSP)— para aportar la documentación justificativa y constituir la garantía definitiva. Si su oferta resulta anormalmente baja, dispone de un plazo suficiente para justificarla (como máximo 5 días hábiles en el abierto simplificado, art. 159.4.f LCSP).
Valoración y adjudicación. La apertura de proposiciones debe realizarse en un máximo de 20 días naturales desde el fin del plazo de ofertas (art. 157.3 LCSP). El plazo máximo global para adjudicar desde la apertura es de 15 días naturales si el único criterio es el precio, o de 2 meses si hay varios criterios (art. 158 LCSP); además, una vez recibida la documentación del adjudicatario, el órgano de contratación debe adjudicar dentro de los 5 días hábiles siguientes (art. 150.3 LCSP) y notificar y publicar la resolución en 15 días naturales (art. 151.1 LCSP).
Formalización. Si el contrato admite recurso especial (REMC), la formalización no puede efectuarse antes de que pasen 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de adjudicación (periodo de espera); transcurrido ese plazo sin recurso, se requiere al adjudicatario para formalizar en un máximo de 5 días naturales (art. 153.3 LCSP). Si el contrato no es susceptible de REMC, debe formalizarse como máximo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación (art. 153.3 LCSP). Los contratos basados en un acuerdo marco o sistema dinámico no requieren formalización (art. 153.1 LCSP).
Impugnación. El recurso especial en materia de contratación (REMC) —aplicable a obras y concesiones de más de 3.000.000 € y a suministros y servicios de más de 100.000 € (art. 44.1 LCSP)— debe interponerse con carácter general en 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio o pliegos, o a la notificación del acto recurrido (art. 50.1 LCSP). En supuestos específicos de nulidad, el plazo es de 30 días naturales o hasta 6 meses desde la formalización (art. 50.2 LCSP). Solicitar acceso al expediente (que debe facilitarse en 5 días hábiles) no suspende el plazo para recurrir (art. 52.2 LCSP).
Ejecución. El contratista debe cumplir tanto el plazo total como los parciales del contrato. La duración máxima de los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva es de 5 años, prórrogas incluidas (art. 29.4 LCSP), y la de los contratos menores de 1 año sin prórroga (art. 29.8 LCSP). Las prórrogas deben preavisarse con al menos 2 meses de antelación (art. 29.2 LCSP), y ante retrasos no imputables al contratista puede acordarse una ampliación del plazo de ejecución (art. 29.3 LCSP).
Pago, recepción y garantía. Entregada la prestación, la Administración dispone de 1 mes para formalizar la recepción o conformidad (art. 210.2 LCSP) y de 30 días naturales siguientes para notificar la liquidación (art. 210.4 LCSP); en obras, dispone de 3 meses desde la recepción para aprobar la certificación final (art. 243.1 LCSP). Para abonar el precio cuenta con 30 días naturales desde la aprobación de la certificación o conformidad —que debe aprobarse en los 30 días posteriores a la entrega— (art. 198.4 LCSP); si el impago supera los 4 meses, el contratista puede suspender la ejecución (art. 198.5 LCSP), y si supera los 6 meses, resolver el contrato (art. 198.6 LCSP). Vencido el plazo de garantía sin objeciones, la garantía definitiva debe devolverse en 2 meses (art. 111.2 LCSP).

El plazo para presentar ofertas

El plazo de presentación de ofertas merece especial atención porque condiciona directamente la concurrencia.

La LCSP establece plazos mínimos diferentes según el procedimiento, el tipo de contrato y si está o no sujeto a regulación armonizada.

Pero respetar el mínimo legal no siempre es suficiente. El plazo debe permitir razonablemente preparar la oferta teniendo en cuenta la complejidad del contrato y el tiempo necesario para elaborar las proposiciones.

Por tanto, al fijar el plazo no debería preguntarse únicamente «¿cuál es el mínimo legal?», sino también «¿es suficiente para preparar adecuadamente esta oferta?».

Un ejemplo: recurso y formalización

Algunos plazos están directamente relacionados entre sí.

Un buen ejemplo aparece entre la adjudicación, el recurso especial en materia de contratación y la formalización.

Cuando el contrato es susceptible de recurso especial, la Administración no puede formalizarlo inmediatamente después de adjudicarlo. Debe respetarse el periodo legal previsto para que los interesados puedan impugnar la adjudicación.

Aquí se entiende bien por qué los plazos no son simples fechas administrativas: el periodo de espera protege el derecho de los licitadores a recurrir antes de que el contrato quede formalizado. El incumplimiento de esta secuencia puede afectar a la validez de las actuaciones.

Duración, plazo de ejecución, prórroga y ampliación no son lo mismo

En la fase de ejecución es importante distinguir varios conceptos relacionados con el tiempo.

Duración del contrato: determina durante cuánto tiempo estará vigente la relación contractual.
Plazo de ejecución: indica el tiempo disponible para realizar una prestación o cumplir un determinado hito.
Prórroga del contrato: prolonga la duración del contrato cuando se cumplen las condiciones previstas legalmente.
Ampliación del plazo de ejecución: concede más tiempo para realizar la prestación en los supuestos en que resulte procedente.

Por tanto, ampliar un plazo de ejecución no equivale necesariamente a prorrogar un contrato.

¿Qué ocurre si no se cumple un plazo?

No existe una consecuencia única. Depende de qué plazo se incumple, quién debía cumplirlo y qué establece la norma.

Por ejemplo:

una oferta presentada fuera de plazo puede no ser admitida;
no atender determinados requerimientos puede producir los efectos establecidos en la LCSP;
un recurso presentado fuera de plazo puede ser inadmitido;
la demora del contratista durante la ejecución puede dar lugar a penalidades;
el retraso de la Administración en el pago puede generar intereses y otros derechos para el contratista;
y el incumplimiento de determinados plazos por la propia Administración puede afectar a la regularidad o incluso a la validez de las actuaciones.

Por eso, vencer un plazo no significa siempre lo mismo. Hay que comprobar las consecuencias previstas para cada caso.

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