Salta al contingut principal
Gobierto Contratación

Te contamos cómo Gobierto puede ayudarte

Recibe información en tu correo-e sobre Gobierto.

Populate Tools S.L. usará tu contacto y consulta para responder a lo que solicitas. La newsletter es opcional y requiere una elección separada. Más información: política de privacidad.

Glossari Obert

Ejecución del contrato

Qué es, quién participa, qué incidencias pueden surgir y cómo documentarlas hasta la recepción y la liquidación

Judit Gómez Fugarolas 19 de Novembre de 2026 Ejecución del contrato

Adjudicar y formalizar un contrato no es el final del camino. Es justo el momento en que empieza lo importante: que la obra se construya, el servicio se preste o el suministro llegue tal y como se definió en los pliegos.

La ejecución del contrato es la fase en la que el contrato se lleva a la práctica. Empieza una vez formalizado, cuando el contratista comienza la prestación, y se extiende hasta su cumplimiento y recepción o, en su caso, hasta su resolución.

En esta fase:

  • el contratista debe cumplir lo previsto en los pliegos, en su oferta y en el contrato;
  • la Administración debe seguir, controlar y gestionar que la ejecución sea correcta.

Un detalle importante: el artículo 153.6 LCSP prohíbe iniciar la ejecución antes de la formalización, salvo en la tramitación de emergencia. En los contratos de obras, además, la ejecución arranca con el acta de comprobación del replanteo (artículo 237).

El contrato se convierte en realidad

Durante la ejecución se comprueba si aquello que se definió y adjudicó se está cumpliendo de verdad. Eso implica verificar, entre otras cuestiones:

  • que la prestación se realiza con el alcance y la calidad previstos;
  • que se cumplen los plazos;
  • que se respetan las condiciones especiales de ejecución, que son obligatorias: los pliegos deben incluir al menos una de tipo medioambiental, social o relativa al empleo (artículo 202);
  • que se cumplen los compromisos de la oferta (por ejemplo, mejoras o medios adscritos que puntuaron en la adjudicación);
  • y que los pagos se realizan conforme a lo establecido.

Dos principios marcan esta fase:

  • Vinculación al contenido contractual (artículo 189): el contrato se cumple con sujeción a sus cláusulas y a los pliegos.
  • Riesgo y ventura (artículo 197): el contratista ejecuta a su riesgo. Si la prestación le resulta más cara de lo que calculó, como regla general no puede trasladar ese coste a la Administración.

A su vez, la Administración cuenta con unas prerrogativas (artículo 190): interpretar el contrato, resolver las dudas sobre su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista, suspender su ejecución y acordar su resolución.

Una fase que requiere seguimiento

Adjudicar el contrato no significa que el trabajo de la Administración haya terminado. Durante la ejecución tiene que haber un seguimiento efectivo que permita comprobar el cumplimiento, detectar incidencias y actuar a tiempo.

Aquí es clave la persona responsable del contrato. Su designación es obligatoria (artículo 62) y le corresponde supervisar la ejecución, adoptar decisiones y dictar instrucciones para asegurar la correcta realización de la prestación, dentro de las facultades que tenga atribuidas. En los contratos de obras, estas funciones corresponden a la dirección facultativa.

Una fase que también exige coordinación

La ejecución no depende de una sola unidad ni de una sola persona. Aunque exista un responsable del contrato, el seguimiento suele requerir la participación coordinada de varias áreas:

  • Área promotora o técnica: conoce la necesidad que dio origen al contrato y las características de la prestación. Puede comprobar si el servicio, suministro u obra responde a lo previsto y detectar desviaciones.
  • Responsable del contrato: hace el seguimiento ordinario, supervisa las obligaciones del contratista, documenta incidencias y, cuando corresponde, propone o impulsa las actuaciones necesarias.
  • Unidad de contratación: interviene cuando la incidencia tiene consecuencias jurídicas o contractuales, como una posible modificación, una penalidad, una suspensión o una resolución.
  • Intervención, servicios económicos u otras unidades especializadas: participan en pagos, certificaciones, disponibilidad presupuestaria, aspectos técnicos específicos o controles adicionales.

Por eso conviene definir desde el inicio quién controla cada aspecto del contrato, cómo se comunican las incidencias y quién debe tomar o proponer cada decisión. Una buena coordinación permite reaccionar antes y evita que los problemas se detecten tarde o queden sin gestionar.

Qué puede pasar durante la ejecución

No todos los contratos se desarrollan exactamente como estaba previsto. Pueden aparecer incidencias técnicas, económicas o jurídicas que obligan a tomar decisiones y a dejar constancia de ellas en el expediente. Estas son las más habituales:

  • Retrasos o demoras. El contratista debe cumplir el plazo total y, en su caso, los plazos parciales. Si se retrasa por causas que le son imputables, incurre en mora sin necesidad de requerimiento previo, y la Administración puede optar entre resolver el contrato o imponer penalidades diarias (artículo 193).
  • Incumplimientos o cumplimiento defectuoso. La prestación puede ejecutarse de forma incompleta, incorrecta o con menos calidad de la exigida. Puede ser necesario requerir su corrección y, si los pliegos lo prevén, imponer penalidades (artículo 192).
  • Ampliaciones del plazo de ejecución. Si el retraso no es imputable al contratista y este ofrece cumplir, se le concede una ampliación por un tiempo al menos igual al perdido, salvo que pida uno menor (artículo 195). No hay que confundirla con las prórrogas del contrato, que alargan su duración en los casos previstos en los pliegos.
  • Modificaciones del contrato. Puede surgir la necesidad de cambiar alguna condición. Las modificaciones solo caben en los supuestos y con los requisitos de los artículos 203 a 207 LCSP, y deben publicarse en el perfil de contratante.
  • Suspensión de la ejecución. Determinadas circunstancias pueden obligar a paralizar temporalmente la prestación. Hay que levantar un acta de suspensión con las circunstancias y la situación del contrato, y la Administración debe abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos (artículo 208).
  • Subcontratación. Si el contratista encarga parte de la prestación a terceros, la Administración debe comprobar que se respetan las condiciones y límites del contrato y de la ley, incluidas las tareas críticas que los pliegos reserven al contratista principal (artículo 215) y, en su caso, el pago puntual a los subcontratistas (artículos 216 y 217).
  • Incidencias en el pago. La ejecución incluye comprobar la prestación, dar la conformidad y abonar el precio en plazo (artículo 198). Los retrasos de la Administración también tienen consecuencias: intereses de demora y, si se alargan, derecho del contratista a suspender o resolver.
  • Resolución anticipada. Si hay un incumplimiento grave o concurre alguna de las causas del artículo 211, el contrato puede terminar antes de tiempo.

La clave es que ninguna de estas situaciones debe gestionarse de manera informal. Cada incidencia debe analizarse, documentarse y tramitarse por el cauce que corresponda.

Cifras y plazos que conviene tener a mano

Cuestión

Qué dice la LCSP

Artículo

Penalidades por cumplimiento defectuoso

Proporcionales a la gravedad. Cada una, como máximo el 10 % del precio del contrato (IVA excluido); el total, como máximo el 50 %

192

Penalidades por demora

0,60 € diarios por cada 1.000 € del precio (IVA excluido), salvo que los pliegos fijen otras de forma justificada

193.3

Decisión ante demoras acumuladas

Cada vez que las penalidades alcanzan un múltiplo del 5 % del precio, el órgano de contratación puede resolver o seguir con nuevas penalidades

193.4

Conformidad de la prestación

La Administración debe aprobar las certificaciones o documentos de conformidad en 30 días desde la entrega

198.4

Pago del precio

En los 30 días siguientes a esa aprobación. Si se retrasa, se devengan intereses de demora

198.4

Demora en el pago superior a 4 meses

El contratista puede suspender la ejecución, avisando con un mes de antelación

198.5

Demora en el pago superior a 6 meses

El contratista puede pedir la resolución del contrato

198.6

Recepción

Acto formal y positivo en el mes siguiente a la entrega, salvo otro plazo en los pliegos

210.2

Plazo de garantía

El que fijen los pliegos; no inferior a un año, salvo casos especiales

210.3

Liquidación

Debe acordarse y notificarse en los 30 días siguientes al acta de recepción o conformidad

210.4

Documentar la ejecución

No basta con supervisar informalmente que la prestación se está realizando: las principales actuaciones e incidencias deben dejar rastro en el expediente. Durante esta fase pueden incorporarse, entre otros:

  • Órdenes e instrucciones al contratista, sobre todo cuando afectan a la forma de ejecutar la prestación.
  • Informes de seguimiento del responsable del contrato o de los servicios técnicos.
  • Actas de reuniones, visitas o comprobaciones.
  • Incidencias detectadas y comunicaciones con el contratista.
  • Requerimientos de corrección ante defectos, retrasos o incumplimientos.
  • Conformidades, certificaciones o recepciones parciales que acrediten que la prestación se ha hecho correctamente.
  • Propuestas e informes sobre penalidades, modificaciones, ampliaciones de plazo, suspensión o resolución.
  • Documentación económica: facturas, certificaciones y comprobaciones vinculadas al pago.

Esta trazabilidad es especialmente importante cuando surgen discrepancias sobre retrasos, incumplimientos, modificaciones, penalidades o responsabilidades. Por ejemplo, para imponer una penalidad hay que poder acreditar el incumplimiento y dar audiencia al contratista; sin un expediente documentado, esa decisión es mucho más fácil de recurrir.

Un expediente de ejecución bien documentado permite reconstruir qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y por qué. Además, facilita el control interno, la rendición de cuentas y la defensa de la actuación administrativa si después surge un conflicto.

Cómo termina la ejecución

La forma normal de terminar es el cumplimiento: el contratista ha realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con el contrato y a satisfacción de la Administración (artículo 210).

Ese cumplimiento se constata con un acto formal y positivo de recepción o conformidad. Cuando proceda, se documenta en el acta de recepción del contrato.

Después quedan dos actuaciones:

  • la liquidación, en la que se determina y abona, en su caso, el saldo resultante;
  • el período de garantía, durante el cual pueden exigirse responsabilidades por defectos que aparezcan tras la recepción. Al terminar sin objeciones, se extingue la responsabilidad del contratista y se devuelve la garantía definitiva.

La alternativa es la resolución, cuando el contrato termina de forma anticipada por alguna de las causas legales.

En resumen

Ejecutar un contrato es hacer efectiva la prestación adjudicada, comprobar que se cumple correctamente y gestionar las incidencias hasta su finalización. Requiere un responsable designado, coordinación entre unidades y un expediente que cuente no solo cómo se adjudicó el contrato, sino también cómo se ejecutó de verdad.

Si gestionas varios contratos en curso, el módulo de Control y Planificación de Gobierto Contratación te ayuda a tener a la vista sus plazos, incidencias y documentación en un solo lugar.

Para saber más