Que sucede si el órgano de contratación no resuelve un error en la aplicación de un criterio de adjudicacion

Si el órgano de contratación no resuelve un error en la aplicación de un criterio de adjudicación, podría enfrentarse a la anulación de la licitación y, en consecuencia, al acceso al bien, servicio u obra contratados. Este escenario subraya la importancia de una correcta selección y aplicación de los criterios de adjudicación para evitar resultados no adecuados o litigios.

La selección y aplicación adecuada de los criterios de adjudicación son fundamentales en cualquier proceso de contratación pública. Un error en esta fase no solo puede llevar a la elección de una oferta menos adecuada sino que, en el peor de los casos, puede resultar en la anulación de la licitación. Esto se debe a que los criterios de adjudicación deben ser claros, precisos y adecuados para garantizar la selección de la oferta más ventajosa.

Además, la Ley de Contratos del Sector Público establece procedimientos específicos para garantizar la transparencia y la igualdad de trato entre los licitadores. Esto incluye la obligación de los órganos de contratación de justificar adecuadamente sus decisiones, incluida la aplicación de los criterios de adjudicación. Un error en la aplicación de estos criterios, si no se corrige, podría ser motivo de recurso por parte de los licitadores afectados, lo que podría llevar a la necesidad de repetir el proceso de licitación.

Es importante destacar que la ley contempla mecanismos para la revisión y, en su caso, corrección de errores en el proceso de adjudicación antes de la formalización del contrato. Esto incluye la posibilidad de desistimiento del procedimiento por parte del órgano de contratación si se identifica una infracción no subsanable de las normas que regulan la preparación y adjudicación del contrato.

En resumen, un error en la aplicación de un criterio de adjudicación no resuelto puede tener consecuencias significativas, incluida la anulación de la licitación. Por lo tanto, es crucial que los órganos de contratación apliquen los criterios de adjudicación de manera cuidadosa y conforme a la ley, y que corrijan cualquier error detectado para evitar impugnaciones y garantizar la legalidad y eficacia del proceso de contratación pública.