¿Que es el principio de integridad?
El principio de integridad en la gestión pública y, en particular, en la contratación pública, se refiere a la adhesión a un conjunto de valores éticos y morales que aseguran la transparencia, la equidad y la honestidad en los procesos de contratación. Este principio es fundamental para prevenir la corrupción, garantizar la eficiencia y promover la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La integridad en la gestión de los fondos, especialmente los Next Generation, es crucial debido a la sensibilidad de la contratación pública a la corrupción, dadas las grandes cantidades de dinero involucradas. La falta de integridad no solo implica un riesgo de corrupción sino también de ineficiencias que pueden tener un costo significativo para la sociedad, afectando la provisión de bienes y servicios esenciales como hospitales, carreteras y escuelas. La Comisión Europea enfatiza la integridad como uno de los pilares en el proceso de reactivación económica y mejora social post-pandemia.
Los marcos de integridad institucional de la OCDE sugieren incorporar técnicas de "compliance" o cumplimiento normativo en el sector público, destacando principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación de resultados e impacto, y la adopción de códigos de conducta. Estos principios son esenciales para promover la integridad tanto en las administraciones públicas como entre los contratistas, implicando un compromiso con el cumplimiento más allá de evitar sanciones penales.
La promoción de la integridad entre los contratistas comienza con la educación y se extiende a exigir medidas de integridad como la definición de códigos de conducta y sistemas de evaluación y seguimiento. Algunas administraciones, como la Comunidad Autónoma de Galicia, requieren que cualquier receptor de fondos públicos suscriba un código de conducta, estableciendo así estándares de integridad para aquellos con quienes contratan.
La consolidación de la integridad en la cultura de control y buena gestión pública puede traer beneficios significativos más allá de la ética, como recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y mejorar la calidad de los servicios públicos. La UE ha señalado que realizará una vigilancia exhaustiva de los riesgos financieros y conflictos de intereses en la ejecución de los fondos, lo que subraya la importancia de trabajar desde la prevención y la formación para reforzar los pilares de la integridad.
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