¿Qué penalidades se pueden imponer por incumplimientos?

Las penalidades por incumplimientos en la contratación pública pueden incluir multas económicas, la imposición de penalidades por demora, la resolución de la concesión, el secuestro temporal de la concesión, multas coercitivas, y la indemnización por daños y perjuicios, todas ellas proporcionales a la gravedad del incumplimiento y sujetas a límites específicos.

Las penalidades económicas pueden variar según la fase del contrato y el tipo de incumplimiento. Estas penalidades se establecen en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y son proporcionales al tipo de incumplimiento y a la importancia económica de la explotación.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso o incumplimiento de compromisos pueden llegar hasta el 10% del precio del contrato, sin superar el 50% del mismo. Además, por demora en la ejecución, se pueden imponer penalidades diarias en proporción al precio del contrato. Las penalidades por demora se hacen efectivas mediante deducción en las certificaciones de obras o documentos de pago al contratista, y la garantía responde de la efectividad de estas penalidades. La aplicación de penalidades no excluye la posibilidad de exigir indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el retraso.

En casos de incumplimientos graves, en los contratos de concesión puede llegar a resolverse la concesión o procederse al secuestro temporal de la misma. Además, se pueden imponer multas coercitivas de 3.000 euros diarios si el concesionario persiste en el incumplimiento tras ser requerido.

Tabla de Penalidades: