Que problemas puede haber con los criterios medio ambientales

Los problemas asociados con los criterios medioambientales en la contratación pública pueden incluir la complejidad en su definición y evaluación, la posibilidad de discriminación entre licitadores y la dificultad para verificar la equivalencia de certificaciones medioambientales.

La inclusión de criterios medioambientales en la contratación pública es un paso positivo hacia la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Sin embargo, la definición y evaluación de estos criterios pueden ser complejas. Los órganos de contratación deben asegurarse de que los criterios medioambientales sean claros, objetivos y verificables, lo que puede ser un desafío dada la variedad de aspectos medioambientales a considerar, como la eficiencia energética, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y el uso de materiales reciclados o sostenibles.

Otro problema potencial es la posibilidad de discriminación entre licitadores, especialmente cuando se consideran certificaciones medioambientales. Aunque la Ley de Contratos del Sector Público permite el reconocimiento de certificados equivalentes y otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental, la evaluación de la equivalencia puede ser compleja y podría, inadvertidamente, favorecer a ciertos licitadores sobre otros, especialmente si estos últimos no pueden demostrar fácilmente la equivalencia de sus prácticas medioambientales.

Además, la verificación de la autenticidad y relevancia de las certificaciones medioambientales y otras pruebas de gestión medioambiental presentadas por los licitadores puede ser un desafío. Los órganos de contratación deben tener la capacidad y los recursos para verificar que las medidas medioambientales declaradas por los licitadores sean genuinas y cumplan con los estándares requeridos, lo que puede requerir conocimientos especializados.

Finalmente, la aplicación de un enfoque basado en el coste del ciclo de vida, aunque beneficioso para considerar los impactos medioambientales a largo plazo, introduce complejidad adicional en la evaluación de ofertas. Determinar y comparar los costes asociados a las externalidades medioambientales de diferentes propuestas puede ser un proceso exigente y técnico, que requiere métodos de cálculo claros y objetivos para garantizar la igualdad de condiciones entre todos los licitadores.