¿Puede una empresa extranjera (chilena) ser proveedora del gobierno?

Sí, una empresa extranjera, como una chilena, puede ser proveedora del gobierno español, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tienen capacidad para contratar con el sector público español si están habilitadas para realizar la prestación de que se trate según la legislación del Estado en que estén establecidas. Para empresas de países fuera de estos ámbitos, como Chile, la capacidad para contratar con el sector público se acredita mediante un informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España en el país de origen de la empresa. Este informe debe confirmar que la empresa está inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo, o que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades relacionadas con el objeto del contrato.

Además, las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deben justificar, mediante un informe, que el Estado de procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público en forma sustancialmente análoga. Este informe es elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior. Para contratos de obras, puede exigirse a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias que abran una sucursal en España.

La contratación pública en España no solo se limita a la adquisición de bienes y servicios, sino que también se considera un instrumento estratégico para impulsar cambios sociales y económicos, promoviendo la innovación y el desarrollo sostenible.