¿Qué es el REMC?

El Recurso Especial en Materia de Contratación (REMC) es un recurso administrativo específico para impugnar determinados actos de los procedimientos de contratación pública.

Es un recurso potestativo y gratuito. Permite revisar determinadas decisiones de la licitación ante un órgano administrativo independiente, sin necesidad de acudir directamente a los tribunales.

Su finalidad es ofrecer una vía rápida de control de la legalidad de determinadas actuaciones especialmente relevantes del procedimiento de contratación.

¿En qué contratos puede interponerse?

El REMC no se aplica a todos los contratos públicos. El artículo 44 LCSP establece, entre otros, los siguientes umbrales:

También pueden quedar sometidos al recurso:

• determinados acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, así como los contratos basados en ellos;
• determinados contratos administrativos especiales;
• determinados contratos subvencionados;
• y ciertos encargos a medios propios.

Por tanto, para saber si cabe REMC no basta con comprobar el tipo de contrato: también hay que revisar su valor estimado y las características concretas del negocio jurídico.

¿Qué actos pueden recurrirse?

Entre los principales actos recurribles se encuentran:

• los anuncios de licitación;
• los pliegos y demás documentos que establezcan las condiciones de la contratación;
• determinados actos de trámite cualificados, como la admisión o exclusión de licitadores o de ofertas;
• los acuerdos de adjudicación;
• determinadas modificaciones contractuales cuando se considere que deberían haber dado lugar a una nueva licitación;
• la formalización de encargos a medios propios que no cumplan los requisitos legales;
• y los acuerdos de rescate de concesiones.

No cualquier actuación del expediente puede impugnarse mediante REMC. Los actos de trámite solo son recurribles cuando tienen una relevancia suficiente, por ejemplo, porque impiden continuar en el procedimiento o producen indefensión o un perjuicio irreparable.

¿Quién puede presentar el recurso?

Puede interponer el REMC cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados por la decisión recurrida.

Esto incluye habitualmente a licitadores y candidatos, aunque la legitimación no se limita necesariamente a quienes hayan presentado una oferta.

La LCSP también reconoce legitimación, en determinados supuestos, a organizaciones sindicales y empresariales representativas.

¿Cuál es el plazo?

Con carácter general, el REMC debe interponerse en el plazo de 15 días hábiles.

El momento a partir del cual comienza a contar depende del acto impugnado. Por ejemplo:

• contra el anuncio de licitación, desde el día siguiente a su publicación;
• contra los pliegos, desde su publicación o desde que se haya podido acceder a ellos;
• contra determinados actos de trámite, desde que se tenga conocimiento de la posible infracción;
• contra la adjudicación, desde el día siguiente a su notificación.

Existen reglas especiales para determinados supuestos, por lo que es importante comprobar el artículo 50 LCSP en cada caso.

¿Qué ocurre si se recurre la adjudicación?

Cuando el REMC se interpone contra el acuerdo de adjudicación, la tramitación del procedimiento queda suspendida automáticamente en los términos previstos por la LCSP.

Esta suspensión evita que el contrato se formalice mientras se está revisando la legalidad de la adjudicación, salvo las excepciones previstas legalmente.

¿Quién resuelve el REMC?

El recurso no lo resuelve el mismo órgano de contratación que adoptó la decisión impugnada.

Lo resuelve un órgano administrativo independiente especializado en contratación pública, como el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en el ámbito estatal o los órganos equivalentes existentes en las comunidades autónomas.

En definitiva, el REMC es una vía específica para impugnar rápidamente determinados actos relevantes de una licitación antes de que sus efectos sean difíciles de revertir.