qué trámite se sigue cuando se da una causa de anulabilidad de una licitación?

Cuando se identifica una causa de anulabilidad en una licitación, el procedimiento a seguir implica la revisión y posible anulación del acto afectado, con la posibilidad de indemnización por daños y perjuicios y la continuación de los efectos del contrato bajo ciertas condiciones para evitar perjuicios al servicio público.

En primer lugar, es importante identificar claramente la causa de anulabilidad, la cual puede estar relacionada con infracciones al ordenamiento jurídico o a las reglas específicas de la Ley de Contratos del Sector Público. Entre estas causas se incluyen el incumplimiento de los requisitos para la modificación de contratos, la concesión de ventajas indebidas a empresas con contratos previos con la Administración, o el incumplimiento de los requisitos para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios.

Una vez identificada la causa de anulabilidad, el procedimiento administrativo común establece que los actos anulables pueden ser impugnados por los interesados. Si se declara la nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, esto conlleva automáticamente la nulidad del contrato, entrando este en fase de liquidación. Las partes deben restituirse recíprocamente lo recibido en virtud del contrato o, si esto no es posible, su valor. Además, la parte culpable debe indemnizar a la otra por los daños y perjuicios sufridos.

En casos donde la declaración de nulidad de un contrato pueda causar un grave trastorno al servicio público, se puede disponer la continuación de los efectos del contrato bajo las mismas cláusulas hasta que se adopten medidas urgentes para evitar el perjuicio. Este aspecto subraya la importancia de garantizar la continuidad y calidad del servicio público incluso frente a irregularidades contractuales.