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Los contratos de emergencia, aunque necesarios en situaciones de grave peligro o necesidades que afectan a la defensa nacional, pueden presentar problemas relacionados con la falta de concurrencia, transparencia y control en la adjudicación y ejecución de los mismos.

Los contratos de emergencia se caracterizan por su tramitación excepcional, que permite a la Administración actuar de manera inmediata ante situaciones catastróficas o de grave peligro, sin sujetarse a los requisitos formales habituales de los contratos del sector público. Esto incluye la posibilidad de contratar directamente sin concurso ni publicidad, e incluso sin crédito presupuestario previo.

Uno de los problemas principales de los contratos de emergencia es la elusión de los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. Esto puede dar lugar a adjudicaciones directas sin competencia, lo que aumenta el riesgo de favoritismos y falta de transparencia. Además, la urgencia de la situación puede llevar a la contratación de empresas sin la debida diligencia, lo que podría resultar en la elección de proveedores no idóneos o en la obtención de precios menos ventajosos para la Administración.

Otro problema es la falta de control y fiscalización. Aunque la ley establece que se debe rendir cuentas de las actuaciones llevadas a cabo y justificar los fondos utilizados, la rapidez con la que se deben tomar decisiones y ejecutar los contratos puede dificultar la adecuada supervisión y control posterior, aumentando la posibilidad de mal uso o abuso de los fondos públicos.

Además, la excepcionalidad de los contratos de emergencia puede ser mal interpretada o utilizada de manera inadecuada, justificando bajo este régimen contrataciones que podrían haberse planificado y ejecutado mediante procedimientos ordinarios, lo que va en detrimento de la competencia y la transparencia.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, se ha observado un aumento significativo en la utilización de la tramitación de emergencia, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de equilibrar la rapidez en la contratación con la transparencia y el control adecuado de los recursos públicos.