¿Cual es el procedimiento para resolver el contrato?

El procedimiento para resolver un contrato del sector público en España implica varios pasos, comenzando por la iniciativa del órgano de contratación o del contratista, pasando por la audiencia, informes jurídicos y, en algunos casos, el dictamen del Consejo de Estado o equivalente autonómico, y finalizando con la decisión sobre la garantía y la posibilidad de iniciar el procedimiento para un nuevo contrato.

El procedimiento de resolución de contratos se inicia bien de oficio por el órgano de contratación o a instancia del contratista. En caso de propuesta de oficio, se debe dar audiencia al contratista por un plazo de diez días naturales. Si se propone la incautación de la garantía, el avalista o asegurador también debe ser oído en el mismo plazo.

Es necesario obtener un informe del Servicio Jurídico, excepto en situaciones específicas. Si el contratista formula oposición, se requiere el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.

Los trámites e informes preceptivos se consideran de urgencia y tienen preferencia para su despacho. La resolución del contrato puede llevarse a cabo por diversas causas, incluyendo la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista, la declaración de insolvencia, el mutuo acuerdo entre las partes, demoras en el cumplimiento, entre otras.

En caso de resolución por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se ajustarán a lo estipulado. Si la resolución se debe al incumplimiento del contratista, se incautará la garantía y se le exigirá indemnización por los daños y perjuicios causados. La resolución del contrato debe incluir un pronunciamiento sobre la garantía.

Además, al iniciar el expediente de resolución por ciertas causas, se puede comenzar el procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato, aunque su adjudicación dependerá de la finalización del expediente de resolución. El contratista debe adoptar medidas necesarias por seguridad o para evitar trastornos al servicio público hasta la formalización del nuevo contrato, con una retribución fijada por el órgano de contratación si no hay acuerdo.