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El Recurso Especial en Materia de Contratación (REMC) es un mecanismo que permite a los licitadores impugnar ciertos actos administrativos en los procedimientos de contratación pública, reforzando la tutela de sus derechos sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

El REMC es una herramienta de origen europeo que busca asegurar el cumplimiento de las normas en los procesos de licitación pública. Se utiliza para corregir infracciones antes de la adjudicación de un contrato, y es aplicable a contratos que superen ciertos umbrales económicos, como obras superiores a tres millones de euros y suministros o servicios superiores a cien mil euros.

Este recurso es exclusivo y sustituye a los recursos administrativos ordinarios, lo que significa que no se puede optar entre uno u otro. Sin embargo, su interposición es potestativa, es decir, no es obligatoria, y es gratuita para los recurrentes. Una vez resuelto, agota la vía administrativa y es inmediatamente ejecutiva.

El REMC puede ser interpuesto por cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados por las decisiones objeto del recurso. También pueden interponerlo organizaciones sindicales y empresariales sectoriales cuando las decisiones recurribles puedan implicar incumplimientos en obligaciones sociales o laborales.

El procedimiento del REMC se inicia con un escrito que debe presentarse en un plazo de 15 días hábiles desde que se tiene conocimiento del acto recurrido. Este recurso se tramita de manera ágil para garantizar la tutela de los licitadores, y su resolución debe darse en un plazo breve, siendo directamente ejecutiva.