requisitos fraccionamiento

El fraccionamiento de contratos en la contratación pública está regulado para evitar eludir los requisitos de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir en los procedimientos de contratación.

El fraccionamiento indebido de contratos se refiere a la práctica de dividir un contrato en partes más pequeñas con el fin de evitar el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para la contratación pública. Esta práctica está prohibida, ya que busca eludir las obligaciones de publicidad y concurrencia que garantizan la transparencia y la igualdad de oportunidades entre los licitadores.

Para celebrar contratos con el sector público, los empresarios deben acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Estos requisitos son determinados por el órgano de contratación y deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo. En algunos casos, la clasificación del empresario puede sustituir estos requisitos de solvencia.

En los contratos de obras, servicios, concesiones y suministros que incluyan servicios o trabajos de instalación, puede exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. Además, los órganos de contratación pueden exigir compromisos específicos sobre los medios personales o materiales que se dedicarán a la ejecución del contrato.

La concreción de los requisitos mínimos de solvencia y los medios para su acreditación se determina por el órgano de contratación y se especifica en los pliegos del contrato. En ausencia de concreción, se aplican los criterios establecidos reglamentariamente. La clasificación del empresario en un grupo específico se considera prueba suficiente de su solvencia para contratos dentro de ese ámbito.