¿cuándo se debe notificar la exclusión de un licitador?

La notificación de la exclusión de un licitador debe realizarse o con carácter previo a la adjudicación o bien junto a la notificación de adjudicación del contrato.

Son dos las opciones que tiene el órgano de contratación en un supuesto de exclusión de un licitador: Bien notificar a todos los licitadores de manera simultánea (tanto al adjudicatario, como al resto de licitadores, admitidos y excluidos) la adjudicación; bien notificar con carácter previo la exclusión a aquellos para los que la misma pone fin al procedimiento de contratación. Esta última es la recomendada reiteradamente por algunos Tribunales administrativos.

La motivación de la decisión de exclusión del procedimiento de licitación de un contrato, constituye un elemento esencial para evitar la arbitrariedad, al tiempo que permite al interesado conocer los argumentos utilizados por la Mesa de contratación que permitan, en su caso, impugnar la misma.

El recurso se puede interponer frente al acto de exclusión (si lo hay), como acto de trámite cualificado, y frente al acto de adjudicación. Pero ambas posibilidades, con carácter general, no son acumulativas, sino de carácter subsidiario, a fin de impedir una «doble acción».

Además, la ley establece que esta notificación debe realizarse por medios electrónicos, garantizando así la eficiencia y la transparencia del proceso. Este mecanismo de notificación tiene como objetivo permitir a los licitadores excluidos entender las razones detrás de la decisión y, si lo consideran necesario, preparar un recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

Es importante destacar que, en el contexto de la Ley de Contratos del Sector Público, se promueve la transparencia y el derecho de los participantes a ser informados sobre las decisiones que afectan su participación en los procedimientos de contratación. Esto incluye la obligación de los órganos de contratación de notificar no solo las decisiones de adjudicación sino también las razones de la exclusión de los licitadores, asegurando así el principio de igualdad de trato y la posibilidad de defensa de los intereses de los participantes.