Que es el recurso especial de contratación en las administraciones públicas
El Recurso Especial en Materia de Contratación (REMC) es una herramienta jurídica establecida en el marco del derecho administrativo español, destinada a garantizar la transparencia y la legalidad en los procedimientos de contratación pública. Este recurso permite a los licitadores y candidatos impugnar determinados actos administrativos emitidos por las entidades del sector público durante el proceso de contratación.
El REMC se origina en el derecho europeo y su propósito es reforzar la posición de los licitadores y candidatos en los procesos de contratación pública, asegurando el cumplimiento de las normativas europeas. Este recurso es aplicable a una serie de actos y decisiones específicas dentro del procedimiento de adjudicación de contratos, incluyendo los anuncios de licitación, los pliegos, los documentos contractuales, los actos de trámite, los acuerdos de adjudicación, entre otros.
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece los criterios y procedimientos para la interposición del REMC, incluyendo los umbrales económicos que determinan su aplicabilidad. Estos umbrales varían según el tipo de contrato, siendo aplicables a contratos de obras, suministros, servicios y concesiones que superen ciertas cantidades.
| Tipo de Contrato | Umbral Económico |
|---|---|
| Obras | 3 millones de euros |
| Suministros y Servicios | 100 mil euros |
| Concesiones de Obras o Servicios | 3 millones de euros |
El REMC tiene un carácter potestativo y gratuito para los recurrentes, sustituyendo a los recursos administrativos ordinarios en los casos en que es aplicable. Su interposición agota la vía administrativa, siendo directamente ejecutiva la resolución que se dicte sobre el mismo.
La tramitación del REMC se rige por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con especialidades propias que buscan garantizar un procedimiento ágil y eficaz. Entre estas especialidades se incluyen la notificación inmediata del recurso al órgano de contratación, la posibilidad de solicitar medidas cautelares, y la garantía de confidencialidad y protección de los secretos comerciales durante el proceso.