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El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) es un documento esencial en la contratación pública que establece las bases del contrato, desde su preparación hasta su finalización, y no puede modificarse una vez aprobado, salvo por errores materiales.

El PCAP debe personalizarse para cada contratación, asegurando que cada cláusula esté conforme a la memoria justificativa, el pliego de prescripciones técnicas, el procedimiento y el objeto contractual. La memoria justificativa es el documento inicial que justifica la necesidad de contratación y sirve de base para el PCAP.

Los criterios de solvencia deben ser proporcionales al contrato y no excesivamente restrictivos para fomentar la concurrencia. Se deben considerar las empresas de nueva creación, permitiéndoles acreditar solvencia mediante documentos alternativos si no pueden presentar referencias exigidas.

En cuanto a los valores económicos del contrato, el PCAP debe explicar el sistema de determinación del precio, desglosar todos los costes, y dejar claro para los contratistas qué valor introducir en la oferta para evitar errores que puedan llevar a la exclusión.

Los criterios de adjudicación deben basarse en una pluralidad de criterios que valoren tanto el precio como la calidad de la prestación. Estos criterios deben estar vinculados al objeto del contrato y detallarse claramente en el PCAP.

Las cláusulas sociales y ambientales deben incorporarse en el PCAP, ya sea como requisito de admisión, criterio de adjudicación o condición especial de ejecución, asegurando que estén relacionadas con el objeto del contrato.

Finalmente, es crucial que el PCAP sea coherente con el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), ya que cualquier discrepancia entre ambos documentos hará prevalecer el PCAP.

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