compra pública estratégica

La compra pública estratégica es un enfoque de la contratación pública que busca adquirir bienes, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido y con implicaciones sociales y éticas positivas, alineando la adquisición con políticas públicas de intervención económica, social y política.

La contratación pública estratégica o responsable se centra en el proceso de adquisición de servicios, suministros y obras que tienen en cuenta su impacto a largo plazo en términos económicos, sociales y ambientales. Este enfoque va más allá de la mera satisfacción de las necesidades inmediatas y busca adquirir productos o servicios que sean ventajosos no solo en el presente, sino también considerando sus beneficios futuros, incluso con presupuestos limitados.

La contratación pública estratégica incluye la Contratación Pública Socialmente Responsable (CPSR), que integra aspectos sociales en los procesos de contratación. Esto implica considerar la igualdad de oportunidades de empleo, las condiciones laborales dignas, la lucha contra el desempleo, la inclusión social de personas en riesgo de exclusión, entre otros factores.

Por otro lado, la Contratación Pública Ecológica o Sostenible (CPE) es una herramienta para alcanzar objetivos de políticas medioambientales. Se basa en incorporar criterios medioambientales en los contratos públicos para adquirir productos y servicios con un impacto ambiental global reducido y un uso eficiente de los recursos.

La compra pública estratégica puede abordarse en diferentes fases del proceso de contratación, desde la definición del objeto del contrato hasta la ejecución del mismo. Los contratos reservados son un ejemplo de cómo una administración pública puede reservar una parte de su contratación para favorecer el desarrollo de operadores con un marcado carácter social.

La Estrategia Nacional de Contratación Pública de España es un instrumento jurídico vinculante que establece medidas para cumplir con objetivos como combatir la corrupción, incrementar la profesionalización, promover la eficiencia económica, generalizar el uso de la contratación electrónica y apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación.