¿debo inscribirme en algún registro de licitadores?
La inscripción en algún registro de licitadores, como el ROLECE, es voluntaria con carácter general, pero se convierte en obligatoria para participar en los procedimientos abiertos simplificados y en los simplificados abreviados.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en los registros de licitadores de las Comunidades Autónomas acredita frente a todos los órganos de contratación del sector público las condiciones de aptitud del empresario, tales como su personalidad y capacidad de obrar, solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, entre otras. Esta acreditación facilita la participación en licitaciones al reducir la carga burocrática de recopilación y presentación de documentación.
La inscripción en el ROLECE es especialmente relevante, ya que tiene alcance y cobertura en todo el territorio español, permitiendo a los empresarios acreditar de manera efectiva su capacidad para contratar con el sector público. La inscripción puede realizarse tanto por personas jurídicas como por personas físicas que ejerzan como empresarios individuales o profesionales. Los contratistas de obras o de servicios del Estado son inscritos de oficio, así como las prohibiciones de contratar con la Administración en los casos legalmente previstos.
El proceso de inscripción en el ROLECE se realiza a través de su página web, mediante solicitud y aportación de documentación acreditativa de la identidad y capacidad del solicitante, así como de otros requisitos específicos como la solvencia económica y financiera, y la habilitación profesional o empresarial. Una vez inscritos, los empresarios pueden obtener un certificado de inscripción que facilita la participación en procedimientos de contratación pública.
La vigencia de la inscripción en el ROLECE es indefinida, pero es responsabilidad de los inscritos mantener actualizados los datos reflejados en el registro. Esto incluye comunicar cualquier variación en los datos o la concurrencia de cualquier circunstancia que determine la aparición de una prohibición de contratar.