Falta fundamentación legal del órgano para la aprobación del gasto acordada en el segundo punto del resuelvo

La fundamentación legal para la aprobación del gasto por parte del órgano competente se basa en la normativa que regula la gestión presupuestaria y el proceso de ejecución del gasto público en España.

La gestión del presupuesto de gastos del Estado y sus organismos autónomos se realiza a través de varias fases, incluyendo la aprobación del gasto, el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación, la ordenación del pago y el pago material. La aprobación del gasto es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado, reservando parte de un crédito presupuestario. Este acto inicia el procedimiento de ejecución del gasto, pero no implica relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social.

El compromiso de gasto es el acto que acuerda la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. Este compromiso tiene relevancia jurídica para terceros, vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del gasto en la cuantía y condiciones establecidas.

La fiscalización e intervención previas pueden limitarse a comprobar ciertos extremos, como la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, la competencia del órgano de contratación, y que los gastos u obligaciones se proponen a un órgano competente. Además, se verifica que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.

La Intervención General de la Administración del Estado puede acordar que la comprobación de los extremos objeto de verificación se realice mediante validaciones automáticas a través de aplicaciones informáticas que dan soporte a los sistemas de control.