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El plazo para la liquidación de un contrato de obras en el sector público español varía dependiendo de ciertas condiciones y etapas del proceso contractual.

Primero, tras el plazo de garantía y una vez que el director de la obra emite un informe favorable sobre el estado de las mismas (o una vez reparado lo construido si el informe no fuera favorable), se formula la propuesta de liquidación de las obras realmente ejecutadas. Esta propuesta se basa en las condiciones económicas del contrato y debe realizarse en el plazo de un mes.

Una vez notificada la propuesta de liquidación al contratista, este tiene un plazo de diez días para prestar su conformidad o manifestar los reparos que estime oportunos. A partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación dispone de dos meses para aprobar la liquidación y abonar el saldo resultante.

En el caso de que se produzca la recepción de las obras, se establece un plazo de tres meses desde dicha recepción para la aprobación de la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. Este plazo puede ampliarse hasta cinco meses para obras de especial complejidad o valor estimado superior a los doce millones de euros.

Estos plazos son fundamentales para asegurar una gestión eficaz y transparente de los contratos de obras públicas, permitiendo tanto a la administración como al contratista cerrar el proceso contractual de manera ordenada y conforme a la ley.