Que responsabilidad tienen los miembros de la mesa de contratación sino resuelve un error en un criterio de adjudicacion

La responsabilidad de los miembros de la mesa de contratación ante un error en un criterio de adjudicación puede variar según la naturaleza y consecuencias del error, pero en general, pueden enfrentar repercusiones desde la anulación de la licitación hasta posibles responsabilidades administrativas por no cumplir adecuadamente con sus deberes de supervisión y correcta aplicación de los criterios establecidos en los pliegos de condiciones.

Los miembros de la mesa de contratación tienen la responsabilidad de calificar la documentación presentada por los licitadores, incluyendo la declaración responsable y los criterios de adjudicación. Si durante este proceso se identifica un error en los criterios de adjudicación, la mesa tiene la obligación de actuar conforme a los principios de transparencia, igualdad y no discriminación, asegurando que todos los licitadores sean tratados de manera justa y equitativa.

Si la mesa de contratación no resuelve un error en un criterio de adjudicación, esto puede llevar a la selección de una oferta no óptima o, en el peor de los casos, a la anulación de la licitación. Esto último supondría no solo retrasos en la adjudicación y ejecución del contrato, sino también posibles reclamaciones por parte de los licitadores afectados. Además, la administración podría incurrir en costes adicionales y daños a su imagen y credibilidad.

La Ley de Contratos del Sector Público establece mecanismos de supervisión y control para asegurar la correcta ejecución de los contratos y la aplicación de los criterios de adjudicación. Los miembros de la mesa de contratación deben seguir estas directrices y actuar con diligencia para evitar errores que puedan comprometer la integridad del proceso de contratación.

En caso de que se produzcan errores en la aplicación de los criterios de adjudicación y estos no sean resueltos adecuadamente, los miembros de la mesa podrían enfrentarse a responsabilidades de diversa índole, dependiendo de la gravedad y las consecuencias del error. Estas responsabilidades podrían incluir desde sanciones administrativas hasta, en casos extremos, responsabilidades penales, siempre y cuando se demuestre que hubo negligencia o mala fe en su actuación.