principios rectores contratación estratégica

Los principios rectores de la contratación estratégica en el sector público español se centran en la promoción de laiciencia económica, la lucha contra la corrupción, la profesionalización de los agentes públicos, la generalización del uso de la contratación electrónica, el apoyo a políticas ambientales, sociales y de innovación, y la inclusión de las PYME en el mercado de contratación pública.

La contratación estratégica en el sector público español se rige por una serie de principios que buscan mejorar la calidad y eficiencia de la contratación pública, así como su impacto en la sociedad y la economía. Estos principios se reflejan en la Estrategia Nacional de Contratación Pública y se orientan hacia varios objetivos clave.

Uno de los principales objetivos es combatir la corrupción y las irregularidades, lo que implica un análisis riguroso de los mecanismos de control de legalidad tanto antes como después de la adjudicación de contratos. Se busca reforzar estos mecanismos y desarrollar medidas correctoras para gestionar las irregularidades detectadas.

Otro aspecto importante es la profesionalización de los agentes públicos involucrados en la contratación. Esto incluye la formación del personal y la promoción de buenas prácticas, con el fin de evitar malas prácticas y mejorar la gestión de los contratos.

La eficiencia económica es también un pilar fundamental, buscando la agregación de la demanda y la utilización adecuada de criterios de adjudicación para obtener bienes, servicios y suministros de manera más eficiente.

La contratación electrónica es un área que se está impulsando activamente, con el objetivo de que su uso sea generalizado en todas las fases del procedimiento de contratación, lo que contribuye a la transparencia y accesibilidad del proceso.

Además, se promueve el uso de la contratación pública como herramienta para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación, incentivando así el desarrollo sostenible y la inclusión social.

Finalmente, se busca fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el mercado de la contratación pública, lo que puede ayudar a dinamizar la economía y promover la competitividad.

Estos principios se aplican en un contexto en el que la gestión de los Fondos Europeos Next Generation representa un desafío significativo, con la necesidad de contratar de manera eficaz y eficiente en un plazo reducido, y donde las administraciones públicas deben adaptarse a las exigencias de estos fondos.