resolución de los contratos

La resolución de los contratos en el sector público español puede producirse por diversas causas y conlleva distintas consecuencias económicas para el contratista, dependiendo de la causa específica que la motive.

La resolución de un contrato puede ser acordada tanto por el órgano de contratación como a instancia del contratista. Existen causas específicas de resolución para los contratos de servicios, como el desistimiento antes o después de iniciar la prestación del servicio, la suspensión del contrato por plazos superiores a los establecidos, o la resolución del contrato principal en el caso de contratos complementarios.

En términos económicos, el contratista tiene derecho a percibir el precio de los servicios efectivamente realizados y recibidos por la Administración hasta la fecha de la resolución. Además, en caso de desistimiento o suspensión, el contratista puede recibir una indemnización que varía según la causa de la resolución, siendo del 3% o del 6% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido, dependiendo de si la resolución ocurre antes o después de iniciar la prestación del servicio.

Las causas generales de resolución incluyen la muerte o incapacidad del contratista individual, la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, la declaración de concurso o insolvencia, el mutuo acuerdo, demoras en el cumplimiento de los plazos, impago de salarios a los trabajadores, entre otras.

En caso de incumplimiento culpable por parte del contratista, se procederá a la incautación de la garantía y a la indemnización por daños y perjuicios. Por otro lado, si la Administración incumple sus obligaciones, deberá compensar al contratista por los daños y perjuicios causados.

Los expedientes de resolución contractual deben ser resueltos en un plazo máximo de ocho meses, aunque esta disposición ha sido declarada inconstitucional en cuanto al orden de competencias.