Si una empresa adjudicataria dice tener trabajadores però en realidad no los tiene y busca en Internet, qué ocurre?

Si una empresa adjudicataria afirma falsamente tener trabajadores y busca personal en Internet para cumplir con el contrato, podría enfrentarse a sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales, además de posibles acciones legales por parte de la Administración o el anterior contratista, según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

En primer lugar, la Ley de Contratos del Sector Público establece que los adjudicatarios deben cumplir con ciertas obligaciones laborales, incluida la subrogación de trabajadores cuando corresponda. Si una empresa adjudicataria no tiene realmente los trabajadores que afirma tener, esto podría considerarse un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, especialmente si la subrogación de trabajadores es un requisito según la normativa aplicable o el pliego de condiciones del contrato.

Además, si se descubre que la empresa ha proporcionado información falsa sobre la existencia de trabajadores, esto podría dar lugar a la imposición de penalidades dentro de los límites establecidos por la ley. La Administración puede retener cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, y no devolver la garantía definitiva hasta que se acredite el abono de estos.

Por otro lado, si la empresa busca trabajadores en Internet después de haber sido adjudicataria, esto podría indicar una falta de solvencia técnica o profesional, lo cual es un requisito para contratar con el sector público. La falta de personal cualificado desde el inicio del contrato podría interpretarse como una falta de capacidad para cumplir con las obligaciones contractuales de manera adecuada.

Finalmente, si se demuestra que la empresa ha actuado de mala fe, podría enfrentarse a acciones legales por parte de la Administración o el anterior contratista, especialmente si los costes laborales resultan ser superiores a los informados inicialmente. Esto podría incluir una acción directa contra el antiguo contratista si se demuestra que la información proporcionada sobre los costes laborales fue incorrecta.