¿Que es la clasificación empresarial, cómo funciona su solicitud y/o acreditación y para que sirve?

La clasificación empresarial es un sistema que acredita la solvencia económica, financiera, técnica y profesional de las empresas para contratar con el sector público. Su solicitud se realiza mediante un expediente que incluye documentación específica y, una vez obtenida, tiene una vigencia indefinida, sujeta a la actualización periódica de ciertos requisitos. Sirve para demostrar la capacidad de una empresa para ejecutar contratos públicos, siendo obligatoria para ciertos tipos de contratos.

La clasificación empresarial se inicia a petición de la empresa interesada, presentando un formulario tipo junto con una serie de documentos que acreditan desde la identidad y capacidad jurídica de la empresa hasta su solvencia económica, financiera, técnica y los medios personales y materiales de que dispone. Esta documentación incluye, entre otros, las cuentas anuales, declaraciones de impuestos, relación de personal y maquinaria, así como certificados de buena ejecución de trabajos anteriores.

Una vez otorgada, la clasificación tiene una vigencia indefinida, siempre que la empresa mantenga las condiciones bajo las cuales se concedió. Sin embargo, para conservarla, es necesario justificar anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional. La falta de actualización de estos requisitos puede llevar a la suspensión automática de la clasificación.

La clasificación empresarial es exigible para la participación en determinados contratos públicos, especialmente en el sector de las obras, donde se establecen umbrales específicos a partir de los cuales es obligatoria. Por ejemplo, para contratos de obras con un valor estimado igual o superior a 500.000 euros, la clasificación es un requisito indispensable. En cambio, para los contratos de servicios, la clasificación no es exigible, aunque se pueden establecer criterios de solvencia que la empresa debe cumplir.

Este sistema de clasificación facilita a las administraciones públicas la selección de empresas solventes y capaces de llevar a cabo los contratos de manera satisfactoria, garantizando así la correcta utilización de los fondos públicos y la calidad de los servicios y obras contratadas.