212 aplicacion de las causas de resolucion

La aplicación de las causas de resolución de un contrato en el sector público español se rige por un conjunto de normas que establecen tanto las causas específicas como los procedimientos a seguir para llevar a cabo dicha resolución.

La resolución del contrato puede ser acordada por el órgano de contratación, ya sea de oficio o a instancia del contratista, siguiendo el procedimiento establecido en las normas de desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, la resolución por impago de salarios a los trabajadores solo puede ser acordada a instancia de los representantes de los trabajadores, excepto en casos específicos donde el órgano de contratación puede actuar de oficio.

La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato no contempladas en la ley siempre resultarán en la resolución del contrato. Otras modificaciones no previstas en el contrato que impliquen una alteración superior al 20% del precio inicial también pueden dar lugar a la resolución, a discreción de la Administración o del contratista.

En caso de muerte o incapacidad del contratista individual, la Administración puede optar por continuar el contrato con los herederos o sucesores. La resolución por mutuo acuerdo solo es posible cuando no hay otra causa imputable al contratista y razones de interés público lo justifican.

Si el contratista entra en concurso, la Administración puede continuar el contrato si se prestan garantías adicionales suficientes. En casos de demora en el cumplimiento de plazos, si las penalidades alcanzan un múltiplo del 5% del precio del contrato, se aplicarán las disposiciones correspondientes.

El incumplimiento de las obligaciones por parte de la Administración solo originará la resolución en los casos previstos en la ley. Los expedientes de resolución deben ser instruidos y resueltos en un plazo máximo de ocho meses, aunque este plazo ha sido declarado no conforme con el orden constitucional de competencias.

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