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requisito de solvencia excluyente

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Los requisitos de solvencia excluyente se refieren a las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica o profesional que un empresario debe cumplir para poder contratar con el sector público. Estos requisitos son determinados por el órgano de contratación y deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.

La solvencia económica y financiera puede acreditarse mediante varios medios como el volumen anual de negocios, la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, el patrimonio neto, o ratios específicos como el de activos y pasivos. Estos criterios deben ser especificados en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. La ley establece límites máximos para estos requisitos, buscando no obstaculizar la participación de las pequeñas y medianas empresas.

Medio de Acreditación Requisito
Volumen anual de negocios No excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
Seguro de responsabilidad civil Importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación
Patrimonio neto o ratio entre activos y pasivos Importe o ratio especificado en los pliegos

La solvencia técnica o profesional, por otro lado, se acredita mediante la experiencia previa, la disponibilidad de personal técnico o unidades técnicas, o la realización de estudios y trabajos técnicos, entre otros. Estos requisitos también deben ser proporcionales al objeto del contrato.

La clasificación del empresario en un grupo o subgrupo se considera prueba suficiente de solvencia para contratos cuyo objeto esté incluido en el ámbito de actividades de dicho grupo o subgrupo, siempre que el importe anual medio sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación.

En resumen, los requisitos de solvencia excluyente son específicos para cada contrato y deben ser cumplidos para poder participar en el proceso de licitación. Estos requisitos están diseñados para asegurar que los empresarios tienen la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutar el contrato de manera satisfactoria.

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