¿Cómo se mide la solvencia?

La solvencia en la contratación pública se mide a través de la capacidad económica, financiera, técnica y profesional del licitador para ejecutar el contrato, utilizando criterios específicos establecidos por el órgano de contratación.

La solvencia económica y financiera se mide principalmente por el volumen anual de negocios del licitador, el cual debe ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. También puede acreditarse mediante un seguro de responsabilidad civil o un determinado patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico. En contratos de concesión o con inversiones relevantes, se pueden establecer medios alternativos de acreditación.

La solvencia técnica y profesional se refiere a los recursos técnicos, conocimientos específicos o recursos humanos necesarios para la ejecución del contrato. Los medios de acreditación varían según el tipo de contrato, como obras, suministros o servicios, e incluyen la relación de obras ejecutadas, personal técnico, títulos académicos, maquinaria, entre otros.

En algunos casos, se pueden exigir certificados de gestión de calidad o medioambiental como parte de la solvencia técnica, siempre admitiendo certificados equivalentes para evitar discriminación.

Si un licitador no puede acreditar la solvencia exigida, puede utilizar la solvencia de terceras empresas mediante acuerdos jurídicos que aseguren la disponibilidad de los recursos necesarios durante la ejecución del contrato.