las normas de las comunidades autonomas pueden ir en contra de la LCSP

Las normas de las Comunidades Autónomas no pueden ir en contra de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) debido a que esta establece un marco legal que debe ser respetado y seguido por todas las administraciones públicas en España, incluidas las Comunidades Autónomas.

La LCSP establece un conjunto de principios y procedimientos que rigen la contratación pública en España, asegurando la transparencia, la competencia y la igualdad de trato entre los licitadores. Las Comunidades Autónomas tienen la capacidad de desarrollar sus propias normativas en materia de contratación pública, siempre y cuando estas se ajusten a los preceptos y al espíritu de la LCSP. Esto implica que, aunque pueden adaptar ciertos aspectos a sus necesidades específicas, dichas adaptaciones no pueden contravenir los principios fundamentales ni los procedimientos establecidos en la ley estatal.

Por ejemplo, las Comunidades Autónomas pueden crear sus propios registros de licitadores y empresas clasificadas, así como órganos consultivos y centrales de contratación, pero siempre dentro del marco legal que establece la LCSP. Además, tienen la facultad de desarrollar pliegos de cláusulas administrativas generales para sus contratos, siempre que estos se ajusten a la ley y sus disposiciones de desarrollo.

En el ámbito de los recursos contractuales, las Comunidades Autónomas deben establecer órganos independientes con cualificaciones jurídicas y profesionales adecuadas, garantizando así un conocimiento apropiado de las materias de su competencia. Aunque tienen autonomía para gestionar estos recursos, deben hacerlo respetando los criterios de independencia e inamovilidad establecidos en la LCSP.

En resumen, mientras las normativas autonómicas en materia de contratación pública deben respetar y no pueden contradecir los principios y procedimientos establecidos en la LCSP, tienen cierto margen para adaptar sus propias normas a las particularidades de su ámbito territorial, siempre en consonancia con el marco legal estatal.