que es el REMC
El Recurso Especial en Materia de Contratación (REMC) es un mecanismo legal establecido para garantizar el cumplimiento de las normativas europeas y nacionales en los procedimientos de licitación de contratos públicos, ofreciendo una vía especializada y eficaz para la corrección de infracciones antes de la adjudicación del contrato.
El REMC se origina en el derecho europeo y su implementación en España se realiza a través de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Este recurso especial busca reforzar la protección de los licitadores y candidatos, asegurando una competencia justa y transparente en la contratación pública. Está diseñado para ser un procedimiento más ágil y eficiente que los recursos administrativos ordinarios, permitiendo corregir posibles infracciones en las distintas fases de los procedimientos de licitación.
Su ámbito de aplicación es limitado, enfocándose principalmente en contratos armonizados, es decir, aquellos de interés europeo por su sujeto, objeto y cuantía. Los sujetos a los que se aplica incluyen Administraciones Públicas o entes considerados como poder adjudicador. Los actos recurribles son específicos y están detallados en la LCSP, incluyendo anuncios de licitación, pliegos, documentos contractuales, actos de trámite que afecten la adjudicación, acuerdos de adjudicación, entre otros.
El REMC tiene características distintivas como su carácter exclusivo, reemplazando a los recursos administrativos ordinarios, y su naturaleza potestativa, permitiendo a los afectados optar directamente por el recurso contencioso-administrativo si lo prefieren. Además, es gratuito para los recurrentes y su resolución agota la vía administrativa, siendo inmediatamente ejecutiva.
La legitimación para interponer el REMC se extiende a cualquier persona física o jurídica que vea perjudicados sus derechos o intereses legítimos, directa o indirectamente, por las decisiones objeto del recurso. Esto incluye también a organizaciones sindicales y empresariales sectoriales representativas cuando las actuaciones recurribles puedan implicar incumplimientos de obligaciones sociales o laborales.
El procedimiento para tramitar el REMC comienza con la presentación de un escrito dentro de un plazo específico que varía según el acto que se pretenda recurrir. Este plazo generalmente es de 15 días hábiles, aunque puede extenderse a 30 días o 6 meses en casos de nulidad de pleno derecho. Los órganos competentes para resolver el REMC varían según el ámbito territorial, incluyendo el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a nivel estatal y órganos equivalentes en el ámbito autonómico y local.