como es un expediente de modificación

Un expediente de modificación es un conjunto de documentos y procedimientos que justifican, describen, y valoran las modificaciones necesarias en un contrato de obra pública, asegurando la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

Cuando se identifica la necesidad de modificar un contrato de obra pública, es esencial redactar una propuesta de modificación. Esta propuesta debe incluir documentos que justifiquen la necesidad de la modificación, describan en detalle los cambios propuestos y valoren el impacto económico de dichos cambios. Este proceso asegura que todas las partes involucradas, incluido el contratista, estén debidamente informadas y puedan participar en la decisión.

Antes de que el órgano de contratación apruebe cualquier modificación, es necesario realizar una audiencia con el contratista. Este paso es crucial para garantizar que el contratista esté de acuerdo con los cambios propuestos y para discutir cualquier implicación que la modificación pueda tener en la ejecución del contrato. Además, es necesario fiscalizar el gasto correspondiente a la modificación, lo que implica verificar que los fondos están disponibles y que el gasto es conforme con la normativa presupuestaria.

En el caso de que la modificación implique cambios en el origen o procedencia de los materiales naturales utilizados en el proyecto, este cambio debe tratarse como una modificación del contrato. Esto es especialmente relevante cuando los materiales especificados en la memoria o en el pliego de prescripciones técnicas deben ser sustituidos por otros de diferente origen, asegurando que el cambio cumple con los requisitos técnicos y de calidad establecidos.

El procedimiento para la modificación de contratos también contempla situaciones específicas, como la necesidad de introducir unidades de obra no previstas inicialmente o la ejecución de obras que deben quedar ocultas. En estos casos, se establecen procesos detallados para la fijación de precios, la medición de las obras y la fiscalización de la inversión, garantizando así la transparencia y la adecuada gestión de los recursos públicos.