¿Cuándo puede exigirse un seguro de responsabilidad civil en un contrato público y con qué límites (LCSP)?

En contratación pública, el seguro de responsabilidad civil (RC) no es automáticamente obligatorio “por ley” para todos los contratos.

Es exigible cuando concurre alguna de estas tres vías:

1. Como requisito de solvencia económica y financiera (fase de licitación) El órgano de contratación puede pedir, cuando resulte apropiado, el justificante de un seguro de RC por riesgos profesionales por el importe mínimo fijado en el anuncio/pliegos. ([BOE][1])
   En servicios profesionales, si los pliegos no concretan, la LCSP prevé incluso como criterio supletorio un seguro de indemnización por riesgos profesionales (vigente hasta fin del plazo de ofertas) y el compromiso de renovación para cubrir toda la ejecución; puede admitirse compromiso vinculante de suscripción si resultas adjudicatario (a materializar en el plazo legal). ([BOE][1])
2. Como condición especial de ejecución (fase de ejecución del contrato) Puede exigirse que el adjudicatario suscriba/mantenga una póliza como condición especial de ejecución, siempre que:

• esté vinculada al objeto del contrato,
• no sea discriminatoria,
• sea compatible con el Derecho UE, y
• conste en el anuncio y en los pliegos.
  La Junta Consultiva del Estado admite expresamente esta posibilidad, pero advierte que la cobertura exigida debe referirse a riesgos derivados de la ejecución (no “asegurar la correcta ejecución” en abstracto, para lo que ya existe la garantía definitiva).

3. Por normativa sectorial aplicable al objeto del contrato Hay actividades/obras en las que otra normativa impone seguros (p. ej., en edificación, el régimen de garantías/seguro decenal para determinados supuestos de vivienda conforme a la LOE).

Con independencia de que se exija o no seguro, el contratista responde de los daños a terceros derivados de la ejecución (con matices si provienen de orden directa de la Administración o vicios del proyecto).