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cómo se exige la solvencia en un procedimiento simplificado sumario?

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En el procedimiento simplificado sumario, la exigencia de solvencia se adapta para agilizar y simplificar la tramitación, manteniendo criterios de solvencia económica, financiera y técnica o profesional proporcionales al objeto del contrato.

El procedimiento simplificado sumario, introducido para ofrecer una vía más ágil y flexible en la contratación pública, ajusta la manera en que se exige la solvencia a los empresarios. Aunque la Ley de Contratos del Sector Público establece mecanismos detallados para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, en este procedimiento se busca simplificar los requisitos sin comprometer la capacidad de los empresarios para cumplir con el contrato.

Para la solvencia económica y financiera, los empresarios pueden presentar diferentes medios de acreditación, como el volumen anual de negocios, seguros de responsabilidad civil, patrimonio neto o ratios financieros. Estos requisitos deben ser proporcionales al valor y naturaleza del contrato, y se especifican en los pliegos del contrato o en el anuncio de licitación.

Medio de Acreditación Requisito
Volumen anual de negocios Al menos 1.5 veces el valor estimado del contrato
Seguro de responsabilidad civil Importe igual o superior al exigido en el pliego
Patrimonio neto o ratios financieros Conforme a lo establecido en el pliego

Para la solvencia técnica o profesional, se pueden requerir referencias de trabajos realizados, certificaciones de calidad o cualquier otro medio que demuestre la capacidad técnica del empresario para ejecutar el contrato.

El procedimiento simplificado sumario también permite la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público como medio de acreditar la solvencia frente a todos los órganos de contratación del sector público, simplificando así la documentación a presentar.

Este enfoque busca equilibrar la necesidad de asegurar que los contratistas sean capaces de cumplir con los contratos, con el objetivo de facilitar la participación de más empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, en la contratación pública.

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