¿Cuál es el plazo máximo de pago en contratación pública?

El plazo máximo de pago en la contratación pública es de 30 días desde la aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

Este plazo se aplica a la obligación de la Administración de abonar el precio acordado por los bienes entregados o los servicios prestados, conforme a lo establecido en el contrato. Si se produce una demora en este pago, el contratista tiene derecho a percibir intereses de demora y una indemnización por los costes de cobro, según lo previsto en la legislación sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Además, si la demora en el pago supera los cuatro meses, el contratista puede optar por suspender el cumplimiento del contrato, previa comunicación a la Administración con un mes de antelación. En caso de que la demora exceda los seis meses, el contratista tiene derecho a resolver el contrato y a ser resarcido por los perjuicios ocasionados.

En el contexto de la contratación pública, estos plazos y condiciones buscan proteger los intereses de los contratistas y asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración.