solvencia

La solvencia en el contexto de la contratación pública se refiere a la capacidad económica, financiera y técnica o profesional que deben demostrar los empresarios para celebrar contratos con el sector público. Esta se acredita mediante la presentación de documentos específicos y está vinculada al objeto del contrato, debiendo ser proporcional al mismo.

La solvencia económica y financiera puede acreditarse a través de distintos medios, como el volumen anual de negocios, la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, el patrimonio neto o la ratio entre activos y pasivos. Además, para contratos de concesión de obras y servicios, o aquellos que requieran inversiones significativas, se pueden establecer medios alternativos de acreditación.

La solvencia técnica o profesional se evalúa en función de los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad del empresario. Esto puede incluir una relación de trabajos o servicios realizados, el personal técnico o unidades técnicas que participarán en el contrato, las instalaciones técnicas, las medidas de control de calidad, y otros criterios relevantes al contrato.

En los contratos de concesión de obras y servicios, se pueden diferenciar los requisitos de solvencia para las distintas fases del contrato. Los licitadores deben acreditar su solvencia antes del inicio de cada fase, y la falta de acreditación puede resultar en la resolución del contrato.

Los requisitos mínimos de solvencia y los medios para acreditarla se especifican en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. La clasificación del empresario en un grupo o subgrupo específico se considera prueba suficiente de solvencia para contratos dentro del ámbito de actividades de ese grupo o subgrupo, hasta un importe anual medio correspondiente a su categoría de clasificación.

La solvencia requerida debe ser proporcional al objeto contractual y no debe suponer un obstáculo para la participación de las pequeñas y medianas empresas.