¿Qué es la fiscalización previa?

La fiscalización previa es un proceso de control que se realiza antes de la formalización de un contrato público para asegurar que se cumple con la legalidad y las condiciones establecidas en la normativa de contratación pública.

El concepto

La fiscalización previa es un control interno de legalidad y de carácter financiero que se realiza antes de que la Administración adquiera compromisos de gasto.

La finalidad

Su finalidad es verificar que los actos preparatorios y documentos del expediente de contratación cumplen la normativa aplicable, cuentan con crédito adecuado y suficiente, y se ajustan a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de fondos públicos.

¿En qué consiste?

Este control lo ejercen las intervenciones u órganos de control económico-financiero de las Administraciones, y su aplicación práctica se traduce en comprobar, entre otros aspectos:

• Que el contrato está bien calificado jurídicamente (suministro, servicio, obra...) y tiene régimen adecuado según la LCSP.
• Que existe una orden de inicio motivada, un pliego aprobado correctamente, y se han cumplido los requisitos de publicidad, transparencia y competencia.
• Que se ha emitido el certificado de existencia de crédito y se ha aprobado el gasto conforme a los límites legales.
• Que se han incluido todos los documentos preceptivos: informes jurídicos, técnicos, justificantes de elección de procedimiento, solvencia, adjudicación, etc.
• Que no hay fraccionamiento indebido, el valor estimado está bien calculado y los precios son adecuados al mercado.
• Que, en contratos de obra, se han supervisado el proyecto, las variantes y el replanteo antes del inicio.

¿Para qué?

Estas comprobaciones son clave para prevenir irregularidades, detectar infracciones de procedimiento y evitar responsabilidades contables o disciplinarias.

En definitiva, la fiscalización previa busca garantizar que no se comprometan fondos públicos sin el debido cumplimiento legal y presupuestario, actuando como un filtro preventivo frente a errores, ineficiencias o ilegalidades en la contratación pública.