los pliegos objeto del contrato las politicas públicas estableciendo su exigencia como criterios de admisión, selección, y condiciones especiales de ejecución del contrato
Los pliegos de contratación pública pueden incorporar políticas públicas como criterios de admisión, selección y condiciones especiales de ejecución del contrato, asegurando así que las empresas contratistas cumplan con determinados estándares sociales, ambientales y de innovación.
Los pliegos son documentos contractuales que definen las reglas del procedimiento de contratación y la relación entre la administración y las empresas. Estos pliegos pueden ser de dos tipos: Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT).
En los PCAP se establecen las condiciones específicas de una licitación, incluyendo los criterios de solvencia y adjudicación del contrato. Estos criterios pueden reflejar políticas públicas, como consideraciones sociales, laborales y ambientales, que se establecen como condiciones para la solvencia y adjudicación o como condiciones especiales de ejecución del contrato.
Las condiciones especiales de ejecución del contrato, que deben estar vinculadas al objeto del contrato y ser compatibles con el Derecho de la Unión Europea, pueden referirse a consideraciones económicas, de innovación, medioambientales o sociales. Por ejemplo, pueden buscar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción del empleo de personas con discapacidad, la igualdad de género en el trabajo, o el respeto a los derechos laborales.
Además, los pliegos pueden establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales. Esto significa que el incumplimiento de dichas condiciones puede llevar a la imposición de penalidades o incluso a la resolución del contrato.
En resumen, los pliegos de contratación pública son una herramienta clave para integrar políticas públicas en el proceso de contratación, asegurando que los contratistas cumplan con estándares específicos que reflejen los valores y objetivos de la administración pública.