acuerdo marco

Un acuerdo marco es un mecanismo de racionalización de la contratación pública que establece las condiciones de compra comunes para futuros contratos, permitiendo ahorro de costes y plazos en compras habituales. Estos acuerdos pueden ser celebrados por uno o varios órganos de contratación con una o varias empresas, y su duración máxima es de cuatro años, salvo excepciones justificadas.

Los acuerdos marco tienen como objetivo optimizar la adquisición de bienes, servicios y obras, aprovechando las economías de escala y reduciendo los costes de transacción. Estos no son un tipo de contrato ni un procedimiento de contratación, sino un instrumento para la gestión eficiente de las compras públicas. Permiten preestablecer términos económicos, técnicos y jurídicos que serán aplicables a los contratos derivados, facilitando así la agilidad y simplificación de los trámites administrativos.

La celebración de un acuerdo marco sigue las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, incluyendo la necesidad de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, en el "Boletín Oficial del Estado" y, para contratos sujetos a regulación armonizada, en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. La posibilidad de adjudicar contratos basados en un acuerdo marco está condicionada a la realización de esta publicación dentro de un plazo determinado.

Los contratos basados en un acuerdo marco pueden requerir o no una nueva licitación, dependiendo de si todos los términos del acuerdo fueron preestablecidos o no. La duración de estos contratos es independiente de la del acuerdo marco, pero solo pueden ser adjudicados mientras el acuerdo esté vigente.

La modificación de los acuerdos marco y los contratos basados está permitida siguiendo las reglas generales de modificación de los contratos. Sin embargo, cualquier modificación no puede introducir cambios sustanciales respecto de lo establecido en el acuerdo marco, y los precios unitarios resultantes de la modificación no pueden superar en un 20% los precios anteriores ni ser superiores a los que las empresas parte del acuerdo ofrezcan en el mercado para los mismos productos.