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En un contrato administrativo, el poder adjudicante ostenta una serie de prerrogativas y facultades específicas sobre la interpretación, ejecución, modificación y resolución del contrato, así como sobre la inspección de las actividades del contratista.

El poder adjudicante, en el marco de los contratos administrativos, tiene la capacidad de interpretar los contratos, resolver las dudas que surjan durante su cumplimiento y modificarlos por razones de interés público. Esta facultad incluye también la posibilidad de declarar la responsabilidad del contratista en relación con la ejecución del contrato, suspender su ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Además, el poder adjudicante posee facultades de inspección sobre las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato. Sin embargo, estas facultades de inspección no implican un derecho general a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos del contratista, a menos que sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tales casos, la necesidad de inspección debe justificarse de forma expresa y detallada.

Es importante destacar que los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas se rigen por normas específicas dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que implica que incluso cuando no se consideren Administraciones Públicas, existen regulaciones claras que deben seguirse.