¿Que contratos no se regula por las normas de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre?

La Ley 9/2017 de 8 de noviembre no regula ciertos contratos que están excluidos de su ámbito de aplicación. Estos incluyen relaciones de servicio de funcionarios públicos, ciertos servicios públicos, servicios de arbitraje y conciliación, contratos entre entidades del sector público, servicios relacionados con campañas políticas adjudicados por partidos políticos, y prestación de servicios sociales por entidades privadas sin necesidad de contratos públicos.

Las relaciones de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados por la legislación laboral están excluidos de la aplicación de esta Ley. Esto significa que las normas de contratación pública no se aplican a estas relaciones laborales.

También se excluyen las relaciones jurídicas que consisten en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. Esto abarca servicios que se financian directamente por los usuarios a través de tarifas.

Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación no están regulados por esta Ley. Estos servicios se gestionan fuera del marco de la contratación pública.

Además, los contratos en los que una entidad del sector público se obliga a entregar bienes o prestar servicios a otra entidad del sector público están excluidos, siempre que el receptor esté sujeto a las prescripciones de la Ley para la celebración del contrato correspondiente.

Los servicios relacionados con campañas políticas, cuando son adjudicados por un partido político, también están excluidos de esta Ley. Esto incluye servicios específicos identificados por códigos CPV.

Finalmente, la prestación de servicios sociales por entidades privadas está excluida, siempre que se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos y se garantice la publicidad suficiente, ajustándose a los principios de transparencia y no discriminación.