confidencialidad de la oferta

La confidencialidad de la oferta en el contexto de la contratación pública se refiere a la protección de la información designada como confidencial por los empresarios al presentar su oferta, respetando ciertas limitaciones y obligaciones tanto para los órganos de contratación como para los contratistas.

Los órganos de contratación tienen la obligación de no divulgar la información que los empresarios hayan designado como confidencial en sus ofertas. Esta confidencialidad abarca secretos técnicos o comerciales y cualquier información que pueda falsear la competencia. Sin embargo, esta obligación no se extiende a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a los informes y documentación generados durante el procedimiento de licitación, salvo que estos tengan una difusión restringida. Específicamente, no impide la divulgación de partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando siempre la protección de datos de carácter personal.

Por otro lado, el contratista también debe respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato, manteniendo este deber durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de dicha información, a menos que se establezca un plazo mayor en los pliegos o el contrato.

En cuanto a la comunicación sobre el desarrollo de las negociaciones, a petición del licitador, la mesa de contratación o el órgano correspondiente debe informar lo antes posible, dentro de un plazo de quince días tras la solicitud. Sin embargo, pueden no comunicar ciertos datos amparándose en la excepción de confidencialidad.