¿De qué plazo dispone la administración para accionar frente a eventuales vicios ruinógenos que amenazaran la estabilidad y seguridad de la obra?

La administración dispone de un plazo de dos años para accionar frente a vicios ruinógenos desde que los daños se produzcan o se manifiesten, siempre que estos se manifiesten dentro de los quince años posteriores a la recepción de la obra.

La responsabilidad del contratista por vicios ocultos que comprometan la estabilidad y seguridad de la obra se extiende durante un plazo de quince años desde la recepción de la obra. Dentro de este periodo, el contratista es responsable de los daños materiales causados por defectos estructurales que afecten a elementos esenciales como la cimentación, soportes, vigas, forjados y muros de carga.

Una vez que se manifiestan los daños, la administración tiene un plazo de dos años para iniciar acciones legales contra el contratista. Este plazo de prescripción comienza a contar desde el momento en que los daños se producen o se hacen evidentes.

Si transcurren quince años desde la recepción de la obra sin que se manifiesten daños, el contratista queda exento de cualquier responsabilidad por vicios ocultos.