capacidad de obrar

La capacidad de obrar en el contexto de la contratación pública española se refiere a la habilidad legal de las empresas, tanto nacionales como extranjeras, para participar en procesos de licitación y celebrar contratos con el sector público. Esta capacidad se acredita mediante distintos documentos y requisitos, dependiendo del origen de la empresa y el tipo de contrato.

Para las empresas españolas y las extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acredita mediante la inscripción en registros oficiales o la presentación de certificaciones específicas. Estas empresas deben demostrar que no están clasificadas negativamente o con clasificación suspendida o anulada para poder participar en licitaciones.

Las empresas extranjeras de fuera de la UE o del EEE deben presentar un informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Oficina Consular española en el país de origen, que acredite su inscripción en registros locales o su actividad habitual en el ámbito de las actividades objeto del contrato. Además, para contratos de cierta cuantía, es necesario un informe sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC o un informe de reciprocidad.

Las empresas pueden demostrar su solvencia para celebrar un contrato determinado basándose en la solvencia y medios de otras entidades, siempre que dispongan efectivamente de esos recursos durante la ejecución del contrato. En algunos casos, se puede exigir responsabilidad conjunta o solidaria entre las entidades.

En resumen, la capacidad de obrar se fundamenta en la habilitación legal y la solvencia necesaria para contratar con el sector público, variando los requisitos específicos según el origen de la empresa y el tipo de contrato a celebrar.