penalización por retirar oferta

La penalización por retirar una oferta injustificadamente antes de la adjudicación puede implicar la ejecución de la garantía provisional y su ingreso en el Tesoro Público. Además, se puede imponer una penalidad automática del 3% del presupuesto base de licitación.

Cuando un licitador retira su oferta de manera injustificada antes de la adjudicación, se procede a la ejecución de la garantía provisional. Esta garantía se ingresa en el Tesoro Público o se transfiere a los organismos o entidades correspondientes. La retirada injustificada puede ser reconocida si el licitador admite que su proposición tiene errores o inconsistencias que la hacen inviable.

Además, si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o no puede formalizar el contrato en el plazo estipulado por causas imputables a él, también se ejecuta la garantía provisional. En estos casos, se solicita la incautación de la garantía a la Caja General de Depósitos o a los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales.

En situaciones donde la retirada de la oferta se considera injustificada, se puede imponer una penalidad del 3% del presupuesto base de licitación. Esta penalidad es fija y automática, y no se modula su cuantía. La imposición de esta penalidad se confirma incluso si el licitador alega una imposibilidad sobrevenida para cumplir con el contrato.