la adscripción de medios personales con personal externo o trabajadores autonomos se considera subcontratación?

La adscripción de medios personales mediante la utilización de personal externo o trabajadores autónomos puede ser considerada como una forma de subcontratación, siempre que dicha adscripción implique la realización de parte de la prestación objeto del contrato por terceros.

En el contexto de la Ley de Contratos del Sector Público, la subcontratación se refiere a la práctica mediante la cual el contratista principal encarga a terceros la ejecución de parte de la prestación que constituye el objeto del contrato. Esto es aplicable a diversos tipos de contratos, incluidos los de obras, servicios y concesión de servicios, entre otros.

La utilización de personal externo o trabajadores autónomos por parte de una persona jurídica contratista para cumplir con las obligaciones derivadas de un contrato público puede ser considerada subcontratación en la medida en que estos terceros realicen actividades que forman parte integral de la prestación contratada. Esto es especialmente relevante cuando dichas actividades no son meramente accesorias sino que constituyen una parte sustancial de la prestación objeto del contrato.

Es importante destacar que la Ley establece ciertos límites y condiciones para la subcontratación, incluyendo la necesidad de que ciertas prestaciones, especialmente en los contratos de concesión de servicios, solo puedan ser subcontratadas si son prestaciones accesorias. Además, la Ley impone requisitos de transparencia y control sobre la subcontratación, asegurando que se cumplan las condiciones de solvencia y capacidad exigidas a los contratistas principales.

En resumen, la adscripción de medios personales a través de personal externo o trabajadores autónomos puede ser considerada subcontratación cuando dichos medios personales se utilizan para realizar parte de la prestación objeto del contrato. Esta interpretación debe realizarse teniendo en cuenta las disposiciones específicas de la Ley de Contratos del Sector Público que regulan la subcontratación y las condiciones bajo las cuales se permite.