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Resolució 262/2020

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Fets

Se presentan dos recursos contra el anuncio de licitación y los pliegos del contrato de servicios de transporte escolar. Los recurrentes alegan diversas irregularidades en los pliegos, incluyendo falta de publicación previa, errores en la valoración de criterios, incorrecta configuración de la subrogación de trabajadores, y errores en la determinación del presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato.

  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)
  • Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras de la Generalitat de Catalunya
  • Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, por el cual se regula el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y se aprueba su organización y funcionamiento
  • Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)
  • Reglamento (CE) 1370/2007
  • Ley 16/1987
  • Decreto 161/1996, de 14 de mayo, por el cual se regula el servicio escolar de transporte
  • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
  • Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública (D 2014/24/UE)
  • Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas
  • Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores
  • Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (RDL 8/2004)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
  • Decreto 17/1995, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales (ROAS)
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa

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