¿Qué obligaciones de transparencia existen en contratación pública?

Las obligaciones de transparencia en la contratación pública en España se centran en garantizar la apertura y el acceso público a información detallada sobre el proceso de contratación, desde la preparación hasta la ejecución y liquidación de los contratos. Esto incluye datos sobre la naturaleza del contrato, la gestión del mismo, y los resultados de su ejecución.

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la Ley de Transparencia establecen un marco normativo que obliga a las entidades públicas a publicar una serie de datos relacionados con los contratos que realizan. Estas obligaciones tienen como objetivo principal recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, haciendo que el proceso de contratación sea transparente y comprensible para todos.

En primer lugar, se debe publicar información sobre la naturaleza del contrato. Esto incluye la necesidad que motiva el contrato, el objeto del mismo, el importe máximo previsto en la licitación, y la duración del contrato. Estos datos permiten a la ciudadanía entender el propósito y el alcance de cada contrato público.

Además, es necesario publicar datos relativos a la gestión del contrato. Esto abarca los licitadores participantes, el adjudicatario final, el importe final adjudicado, los plazos del procedimiento, el tipo de procedimiento de licitación utilizado y las condiciones del mismo. Estos datos ofrecen una visión sobre cómo se desarrolla el proceso de licitación y adjudicación.

Por último, y considerado como el aspecto más importante aunque menos frecuentemente publicado, están los datos relativos a los resultados de la ejecución del contrato. Esto incluye la evaluación del grado de cumplimiento respecto a las necesidades que se pretendían cubrir con el contrato, y si ha habido sobrecostes. Estos datos son cruciales para valorar la eficacia y eficiencia de la contratación pública.

La tecnología y los datos abiertos juegan un papel clave en cumplir con estas obligaciones de transparencia, permitiendo que cualquier persona pueda revisar y auditar la gestión pública de forma detallada. La publicación de estos datos en formatos abiertos facilita su reutilización, control, y fiscalización, contribuyendo a una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas.