¿Cuándo es posible proceder a la modificación contractual?

Los contratos públicos pueden modificarse durante su vigencia bajo ciertas condiciones específicas siempre y cuando no se altere la naturaleza global del contrato.

Los contratos de las Administraciones Públicas pueden modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial del contrato, siempre que esta posibilidad haya sido prevista expresamente en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. La cláusula de modificación debe estar formulada de manera clara y precisa, detallando su alcance, límites, naturaleza, y las condiciones bajo las cuales puede utilizarse.

En casos excepcionales, los contratos pueden modificarse incluso si no se ha previsto en los pliegos, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Estas incluyen la necesidad de la modificación debido a circunstancias imprevistas que una Administración diligente no hubiera podido prever, que la modificación no altere la naturaleza global del contrato, y que la alteración en su cuantía no exceda del 50% del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Las modificaciones no pueden cambiar la naturaleza global del contrato. Esto significa que no se pueden sustituir las obras, los suministros, o los servicios por otros diferentes, ni modificar el tipo de contrato. Sin embargo, la sustitución de alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual no se considera una alteración de la naturaleza global del contrato.

El procedimiento para realizar una modificación contractual incluye la redacción de una propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren la modificación. La aprobación por el órgano de contratación requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto correspondiente. Además, las modificaciones realizadas deben publicarse en el perfil de contratación correspondiente, incluyendo los informes y resoluciones emitidos para su aprobación.