← Resoluciones

/
Resolución 178/2021

Este resumen ha sido generado automáticamente por IA. Puede contener errores.
Hechos

El Ayuntamiento de Reus licitó un contrato de servicios de limpieza y recogida de residuos. FCC Medio Ambiente, SAU, recurre contra la adjudicación del lote 1 a la UTE VALORIZA-ROMERO, alegando diversas irregularidades en la valoración de las ofertas y falta de acceso a documentación relevante. El Ayuntamiento y la UTE se oponen al recurso.

  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)
  • Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras de la Generalitat de Catalunya
  • Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
  • Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual
  • Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública
  • Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales)
  • Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos empresariales
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 47.1.b)
  • PCAP, cláusula 11.11
  • LCSP, artículos 1, 44.1 a), 44.2 c), 46.2, 48, 50.1, 51.1, 52.3, 53, 56.2, 58.2, 59, 132, 133, 133.1, 139.1, 145, 150
  • RD 814/2015, artículo 21.3

Esta resolución cita a:

Esta resolución aparece citada en:

Explorador de resoluciones

  • Acceso fácil a las resoluciones de los tribunales de contratación
  • Resúmenes automáticos de las claves principales
  • Enlazado con licitaciones, adjudicadores y recurrentes
Consigue acceso ¿Ya tienes cuenta? Haz login
Curso de inteligencia artificial para contratación pública